Juan Paz y Miño: Estado y mercado

marzo 2, 2009

pazyminoDurante el siglo XIX, el Estado no intervino en la economía. Se creía en las “leyes naturales” del mercado y en la libre empresa privada. En Ecuador, no había posibilidad alguna para derrumbar los intereses del dominio oligárquico-terrateniente. Además, las finanzas públicas eran raquíticas. Los gobiernos y los recursos estatales dependían de los éxitos de la agroexportación, los créditos bancarios internos, los estancos y algún otro rubro. Nunca hubo impuesto sobre las rentas. Los gastos se consumían en sueldos y salarios para el ejército y la burocracia. Quedaba muy poco para alguna obra pública. Casi nada para educación y salud.

En el manejo de la “hacienda pública” solo destacan Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Antonio Flores Jijón y Eloy Alfaro. Pretendieron la modernización económica, imponiendo cierto orden presupuestario y mayores gastos en servicios, educación y asistencia social. Las actividades privadas quedaron siempre intactas y el mercado sin regulaciones. Como máximo, se adoptaban algunas medidas proteccionistas.

En todo el siglo XIX el Ecuador permaneció atrasado y pobre. Es que la economía “libre” tuvo un trasfondo: el poder oligárquico-terrateniente.

Solo la Revolución Juliana (1925) inauguró los primeros roles del Estado en la economía y la preocupación estatal sobre las clases trabajadoras. Pero el “desarrollismo”, con activo papel del Estado sobre la producción y el crecimiento, despegó únicamente en los años sesenta y se consolidó en los setenta, gracias al petróleo y las reformas estructurales como la agraria y la promoción industrial.

Dígase lo que se diga, en la historia ecuatoriana la intervención del Estado ha sido fundamental incluso para promover el crecimiento y la ampliación del empresariado privado. Y de igual modo para promover el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, pues el empresariado ecuatoriano ha sido muy reaccionario a la hora de impulsar reformas sociales y laborales, a pesar de cualquier excepción.

En los ochenta y noventa del pasado siglo XX, el triunfo de las tesis sobre el retiro del Estado y el “neoliberalismo” produjeron resultados contradictorios. De una parte, crecimiento, modernidad, consumismo, dependencia del capital financiero transnacional. Pero también pérdida de soberanía. Y en mucho, de dignidad nacional, a consecuencia de la sucesión de gobiernos atrapados por la deuda externa y el “aperturismo” reinante.

Sin regulaciones, con una empresa privada fortalecida en términos oligárquicos y un Estado abiertamente “desinstitucionalizado” a fin de que funcione el mercado “libre” criollo, las consecuencias sociales y políticas para el país no importaron y resultaron críticas. Como nunca antes la riqueza se concentró a tal punto que Ecuador pasó a ser uno de los países más inequitativos del mundo. Triunfó el capital, sobre el desempleo, el subempleo, la emigración y el trabajo precarizado y flexibilizado. Y en solo una década (1996-2006), hubo ocho gobiernos, con los tres únicos presidentes electos (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez), pero derrocados.

Anuncios

Juan Paz y Miño: Deuda ilegítima: ayer y hoy (3)

diciembre 28, 2008

En 1854 el Congreso ecuatoriano reconoció el convenio Espinel-Mocatta, por el cual se inició el pago de la “deuda de la independencia” o “deuda inglesa”. Resultó perjudicial a los intereses nacionales. La patria literalmente se vendía: tierras baldías, arrendamiento de las Galápagos, respaldos aduaneros y mineros, etc. eran los “compromisos” gubernamentales para “honrar” aquella deuda ilegítima.

Hay que reconocer que el impacto de los compromisos antinacionales obligó a Gabriel García Moreno a suspender unilateralmente el pago de la deuda (1869). Desde luego, ello produjo que la credibilidad del país se derrumbara en los mercados internacionales. Algo que habría dado empleo a los actuales calificadores del “riesgo país”. Así es que sin crédito externo, el Ecuador pasó a depender de los bancos privados internos, lo cual fue igual o peor.

Fue Antonio Flores Jijón quien retomó seriamente el pago de la deuda pública para restablecer el crédito de la nación. En 1890, con la aprobación del Congreso, logró una nueva conversión: del monto adeudado, que llegaba ahora a £ 2.246.560,oo (¡originalmente fue de £.1.824.000, por el convenio Espinel-Mocatta!) se obtuvo la rebaja de £ 750.000,oo, un interés promedio del 5% y, eso si, la garantía del pago con rentas del Estado. Una reducción que hoy defenderían, por parecida, quienes aplauden la conversión de bonos Brady a Global durante el gobierno de Gustavo Noboa (2000), asunto que Alberto Acosta califica, irónicamente, como “atraco maravilloso”. Sin embargo, el Congreso de 1894 consideró perjudicial la negociación floreana y suspendió el pago.

Entonces, a consecuencia de la Revolución Liberal (1895), llegó al gobierno el radical Eloy Alfaro, quien impuso otra suspensión unilateral y definitiva de la que bautizó como “deuda gordiana” (1896), “hasta que se obtenga un arreglo equitativo y honroso con los tenedores de bonos”. Algo parecido a lo que ha hecho el presidente Rafael Correa y que tanto alarma a quienes argumentan a favor de “honrar” la deuda externa, como si fuera una cuestión moral (igual a la de un individuo con su banco, según dicen), sin importarles las estafas internacionales de la deuda contra el interés nacional.

Alfaro se empeñó en construir el ferrocarril Guayaquil-Quito. Pero el “descrédito” del país impedía contar con capitales externos, sin los cuales era imposible la obra, porque no bastaban los internos. Fue Archer Harmann, el constructor, quien se preocupó por acelerar algún arreglo con los tenedores. Aprovechando el bajo valor de los bonos (era del 35%) en 1898 se compró una parte al contado y otra con emisión de bonos para el ferrocarril. Aún así, los recursos faltaron varias veces, debiendo intentarse nuevos arreglos y créditos. En 1909 se logró la consolidación definitiva. En adelante, pasó a ser la deuda directa de la nación. Felizmente la gran obra liberal se terminó en 1908, cuando el ferrocarril entró a Quito. Pero el Estado era, a su vez, crecientemente deudor de la banca privada interna. Algo que seguiremos en la próxima entrega.