Mariela Buonomo: BID: Mucho más banco que interamericano

marzo 21, 2009

buonomoALAI AMLATINA, 20/03/2209. Montevideo.- Como todos los años tendrá lugar una Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para discutir la situación de la institución y su marcha futura. Esta asamblea es la máxima autoridad del banco. Allí se encuentran los delegados de los gobiernos de los 48 países miembros. Sus representantes usualmente son los ministros de economía, hacienda o presidentes de los bancos centrales.

Bajo un primer análisis parecería enfrentarse una situación atractiva: el BID sería un banco interamericano, donde los países de la región revisarán su estado financiero y analizarán sus políticas de apoyo. Pero en realidad, casi la mitad de los miembros del BID no son latinoamericanos, y su poder de votación alcanza prácticamente esa misma proporción.

En efecto, del total de 48 países miembros, 26 son latinoamericanos y caribeños, mientras que 22 provienen de otras regiones. Entre ellos se encuentran países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Japón, y 16 naciones europeas (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza). En este grupo también se encuentran Israel, República de Corea y República Popular de China. En otras palabras, casi la mitad de los integrantes del banco no pertenecen a la región.

Si bien el banco encamina sus préstamos y asistencias únicamente a los países de América Latina y el Caribe, las demás naciones participan no sólo brindando apoyo financiero, ya sea en forma de capital integrado como en cuanto a las suscripciones de capital, sino que se benefician de poder participar en los procesos de adquisiciones y contrataciones. Es muy simple, si una empresa italiana desea tener la posibilidad de brindar bienes o servicios en los proyectos financiados por el BID, es indispensable que Italia sea un miembro del banco. A su vez, muchos de esos países han otorgado asistencias sectoriales a ser administradas por el banco, pero que son ejecutadas por empresas o consultores de esos mismos países.

Además de esta particular composición, el poder de votación de cada uno de los gobernadores en el ámbito de la asamblea es diferente. Aquí no se cumple la condición de “un país – un voto”, sino que el poder de votación es directamente proporcional al capital que cada país suscribe al BID. Los países latinoamericanos poseen en total el 50,02% de los votos, mientras que los restantes 22 miembros provenientes de otras regiones, totalizan un 49,98% de los votos. Avanzando un paso más, Estados Unidos tiene el mayor peso, con el 30,007% de los votos. Le siguen, muy por detrás, Argentina y Brasil, que cuentan con el 10, 752% cada uno. Entre los demás países, tanto latinoamericanos como extrarregionales, en ningún caso superan el 7% de poder de votación (según el informe anual del BID – 2007).

El papel de estos gobernadores no es menor, ya que además de evaluar y analizar las operaciones y actividades del Banco, adoptan decisiones de peso en cuanto a las políticas que debe adoptar la institución. Son, en definitiva, los responsables de la supervisión de sus actividades y su administración, aunque en la práctica muchas de estas tareas son delegadas al Directorio Ejecutivo.

El Directorio Ejecutivo se encarga de la supervisión diaria de las operaciones del BID. Tiene a su cargo el establecimiento de las políticas de la institución, la aprobación de los proyectos, la determinación de las tasas de interés a cobrarse por los préstamos, así como la autorización de los empréstitos a realizarse en los mercados de capital. Aprueba, además, el presupuesto administrativo de la institución. Se compone de 14 Directores Ejecutivos elegidos por los gobernadores por períodos de tres años, y por lo tanto los países deben agruparse de manera que un director represente a varios de ellos. Excepto, una vez más, en el caso de Estados Unidos y Canadá, quienes tienen representantes propios designados directamente por sus gobiernos. Además, la asimetría se incrementa en tanto la tradición indica que el vicepresidente del BID siempre provendrá de Washington.

Frente a estas situaciones es válido preguntarse: ¿qué tan “Interamericano” es el BID? La respuesta es dificultosa ya que casi la mitad de los miembros provienen de otras regiones, y obtienen réditos por participar como accionistas, y uno de ellos posee un peso decisivo en la estructura y en las decisiones. De esta manera, el BID se asemeja más a un banco internacional de préstamos, que a una institución interamericana de fomento al desarrollo.

En esta situación también debe reconocerse que los miembros latinoamericanos y caribeños poseen amplios márgenes de maniobra y capacidades de incidencia para encaminar las actividades del banco en otra dirección. Cuentan con una pequeña fracción mayor a la mitad del poder de voto total, y si lograran una coordinación entre todos ellos, podrían promover nuevas estrategias de financiamiento.

Incluso es pertinente considerar qué sucedería si todos los países latinoamericanos bajo gobiernos progresistas o de izquierda, coordinaran sus posturas dentro del BID. Si se logran acuerdos entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela, se alcanzaría un importante 35,267% de poder de voto. Esto permitiría superar, aunque por poco, la incidencia de Estados Unidos. Incluso pueden explorarse alianzas con China y otras naciones para lograr un cambio en el balance del poder dentro del banco.

Estos son algunos de los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos y caribeños frente a este nuevo aniversario del BID: lo que podría presentarse como “su” banco, se ha vuelto cada vez más una institución financiera internacional. De todos modos, si bien las naciones industrializadas cuentan con un peso fundamental en la toma de decisiones, una coordinación latinoamericana, comenzando por los países progresistas, podría desencadenar transformaciones sustantivas.

– Mariela Buonomo es analista en temas de economía y desarrollo sostenible en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).


Juan Paz y Miño: Bicentenario y política

febrero 9, 2009

pazyminoNo hay duda que la vida política y la situación de la economía son los dos grandes ejes que llenan las informaciones y el ambiente nacional. Ahora, con la inscripción de todas las candidaturas, los políticos “revivirán” como figuras centrales de los noticieros, para bien o para mal del país. Y me inclino a pensar que para mal. Porque el discurso de los políticos ecuatorianos (mas todavía conociendo a algunitos…), será nuevamente el tradicional: ofrecimientos de cambio, ataques interpersonales, halagos para el pueblo, autoproclama de ser los “verdaderos” representantes de los intereses nacionales, etc. y, sobre todo, ataques al gobierno, porque sin esa condición, corren el riesgo de ser acusados como “gobiernistas” o por lo menos “continuistas”.

Esa “cultura política” del Ecuador es una herencia del pasado y no será fácil revertirla. Debieran cambiar una serie de estructuras del país, para que los políticos adquieran racionalidad analítica, sustento argumental, proposiciones objetivas y, ante todo, fundamentos basados en un mínimo conocimiento histórico. El lenguaje y los métodos populistas, por ejemplo, no cambiarán mientras la pobreza, la miseria, el subempleo y el desempleo continúen como realidades condicionantes para el discurso “ofertista” de los candidatos.

Siendo este el Año del Bicentenario del 10 de Agosto de 1809, ¿qué valor le dan los políticos? Hace cien años, Eloy Alfaro tomó con seriedad la fecha. La celebró como elemento base de la identidad nacional. Dejó en claro que era la fecha magna de la patria. El monumento a la Independencia, en la Plaza Grande de Quito, quedó como homenaje simbólico, junto a otros monumentos y programas. En 1900, el Himno, la Bandera y el Escudo que tiene el Ecuador fueron consagrados, en forma definitiva, por Alfaro.

Los conceptos de soberanía popular, representación de los pueblos, autonomía, e independencia, el pensamiento ilustrado, la edificación del primer Estado con ejecutivo, legislativo, judicial y ejército propios, la primera Constitución, una amplia movilización popular, el ejemplo en Hispanoamérica, la lucha por la libertad, el sentido de identidad nacional y hasta la dolorosa muerte de los grandes próceres, constituyen los hitos históricos del proceso revolucionario entre 1809-1812. No se puede explicar la Independencia del Ecuador, concluida trece años más tarde, sin la Revolución del 10 de Agosto de 1809. Las revoluciones de Guayaquil y Cuenca solo se produjeron una década más tarde (1820), porque cuando se levantó Quito, ambas ciudades armaron tropas para someterla, defender al Rey y a la autoridad española.

Las luchas políticas del presente siguen movilizando conceptos, valores y esperanzas iniciados en 1809. El Bicentenario es una fiesta nacional. Y política, también. ¿Cómo la celebrarán los candidatos y políticos? Lo peor sería que hagan caso a ciertos escritores regionalistas que niegan la Revolución del 10 de Agosto de 1809, que reniegan de Bolívar y que han tenido algún éxito en convencer que la “única” revolución exitosa nació en 1820.


Alberto Acosta: La real preocupación económica del coronel, última parte

diciembre 18, 2008

Alberto Acosta

Lucio Gutiérrez, otro gobernante al servicio de los acreedores

Después de un reajuste de algunos precios y tarifas de bienes y servicios públicos, a inicios del año 2003, al que le denominaron “el pinchazo”, es cierto que el gobierno del coronel no alteró más dichos precios y las tarifas.

Pero eso no se quedó allí. El coronel se dio mañas para ajustar la economía y extraer el dinero del bolsillo de los más pobres, sin que ellos aparentemente se den cuenta… Se desplegó un manejo fiscal considerado como austero, cuyo saldo, a despecho de la cantaleta gutierrista, sintetizó un descomunal “paquetazo”. El coronel, quien firmó una Carta de Intención con el FMI apenas inicio su gestión y acordó días después un programa de reformas estructurales con el Banco Mundial, recortó drásticamente la inversión social efectiva. Las cifras son decidoras: en educación se rebajaron las inversiones de 638 millones de dólares en el 2003 a 464 millones de dólares en el 2004 (esto explica por qué la mitad de las escuelas en la costa ecuatoriana no estaban aptas para iniciar el año lectivo 2005 y por qué cientos de miles de niños no accedían a las aulas); en salud cayeron de 323 a 211 millones de dólares (esto explicó el paro médico que cumplió dos meses el día en que se fugó de la Presidencia el coronel, quien no estaba dispuesto a transferir 15 millones de dólares que adeudaba a los galenos para no afectar las cuentas fiscales, pero si estuvo noveleramente presto para despilfarrar 14 millones de dólares para el concurso de Miss Universo…); y, en desarrollo agropecuario el bajón fue de 151 millones a 71 millones de dólares (por eso también el agro se hundía entonces en franca recesión). El monto transferido para inversiones sociales apenas sumó 746 millones de dólares, menos de la mitad de las remesas de los y las emigrantes, que alcanzaron 1.604 millones de dólares en el 2004.

Como contrapartida de tanta austeridad, la generosidad, la puntualidad y la eficiencia del coronel fueron la norma en el servicio de la deuda pública, particularmente externa. Este servicio registró un incremento del 60%, al pasar de 2.370 millones en 2003 a 3.795 millones en 2004, para lo que incluso hecho mano del ahorro correspondiente a las pensiones jubilares. No podemos olvidarnos que jubilados y jubilados recurrieron a medidas extremas buscando conseguir una mísera compensación en sus pensiones, actos en los que murieron por efectos de la huelga hambre más de diez personas.

Este manejo económico restrictivo explica el incremento del desempleo abierto durante el gobierno del coronel, al pasar del 7,7% en el 2002 a casi el 12%; cruda realidad que permite comprender la facilidad que tenía su régimen para movilizar grupos humanos desempleados, contratados para aplaudir al coronel o para atacar a sus contrarios…

Esta política económica -permanentemente monitoreada por el FMI, aún luego de terminado el plazo de vigencia de la vigencia de la Carta de Intención del 2003-, logró incrementar sustantivamente la cotización de los Bonos Global. Antes de la creación del Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), establecido en el 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, se cotizaban en menos del 50% los Bonos Global a 12 años, emitidos por 1.250 millones de dólares, e incluso menos del 40% por los Bonos Global a 30 años, por 2.700 millones. Con el sólo anuncio del nombramiento -avalado por el FMI y Wall Street- como ministro de Economía de Mauricio Pozo, quien se transformaría en “economista de cabecera del dictócrata”, los bonos comenzaron a subir. Al inicio de su gestión, en enero del 2003, los Bonos a 12 años ya se cotizaban a 67% y los Bonos a 30 años, en 48%. Sólo ese año, con el auge de la política ortodoxa, estos papeles alcanzaron valores inimaginables: los primeros llegaron a 101%, y los segundos, al 85%, y siguieron subiendo.

En realidad, con los recursos del FEIREP se recompró exclusivamente deuda pública interna para financiar el Presupuesto y así atender, de carambola, a los acreedores externos: la sola existencia de dicho Fondo maximizó el precio de los Bonos Global, pues para eso fue expresamente creado el FEIREP, al que ahora añoran los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes, los OCP. Y esa sola revalorización, que podría haber cobijado actos de colusión y uso indebido de información privilegiada, otorgó ganancias potenciales a los tenedores de bonos -muchos de ellos ecuatorianos, entre los que están la banca privada- al menos por 1.400 millones de dólares.

El coronel se preocupó por satisfacer las exigencias de los acreedores. Esa fue una de sus principales motivaciones económicas. De paso quería mejorar la imagen del país en el mercado financiero mundial para continuar contratando créditos externos. El coronel fue otro de los gobernantes adictos al endeudamiento…

Para consolidar estos “logros”, el coronel y su equipo económico, utilizando simples decretos ejecutivos, no dudaron en alterar el espíritu de la ley para limitar el gasto y también para reducir artificialmente el ingreso petrolero del Presupuesto desviando los excedentes del precio del petróleo hacia fondos de estabilización. Así por ejemplo, el coronel presupuestó los ingresos petroleros del fisco fijando un precio estimado del barril de crudo a un valor muy por debajo de lo que sería una expectativa objetiva. En el año 2003 y en el 2004, este precio se fijó en 18,- dólares por barril, cuando el barril de crudo Oriente se cotizó sobre los 30,- dólares en promedio. En el 2005 el precio se congeló en 25 dólares, mientras el precio de venta superaba los 40,- dólares por barril. Esta diferencia no se canalizaba al Presupuesto y pasaba a financiar el Fondo de Estabilización Petrolera (creado en 1999), y de éste, el 45% iba a un segundo fondo, al mencionado FEIREP. Consecuentemente, en el 2004 el FEIREP cerró con un excedente del 55%. En efecto, en lugar de los 292 millones de dólares presupuestados, se recaudaron 638 millones (alrededor de 2% del PIB).

Existieron dos razones que explicaron este importante incremento. La primera, que ya fue mencionada, la fijación de un precio estimado bajo en medio de un mercado con elevados precios del petróleo. La segunda se origina en las siguientes “travesuras”: la ley estipulaba que el FEIREP se financie con ingresos que le correspondían al Estado provenientes del petróleo de las compañías privadas que sea transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Sin embargo, vía decreto, en contra de la ley, el coronel autorizó que el FEIREP se alimentara del crudo pesado que le corresponde al Estado sin importar porque oleoductos se transporte, sea por el OCP o por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Por si esto fuera poco, el 24 de diciembre de 2003, el coronel, siempre con su ministro Pozo, promulgó un decreto redefiniendo la calidad del crudo pesado, de 18 grados API a 23 grados API; esto amplió el volumen del crudo pesado. Hermoso regalo de Navidad para los acreedores de la deuda externa, a la cabeza los especuladores con papeles de la deuda.

El saldo de este manejo fiscal resultó perverso: mientras por un lado se registraba un superávit en el FEIREP, por otro, en el Presupuesto General del Estado había un déficit que debía ser cerrado con nuevo endeudamiento externo. Como para completar el cuadro, los recursos del FEIREP, por ley debían estar depositados en un fideicomiso administrado por el Banco Central. Los recursos fueron a varias entidades financieras internacionales obteniendo una magra rentabilidad de 1,5 a 2%. En algunos casos, como sucedió con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en donde se depositó parte de los ahorros del fideicomiso, se contrataba al mismo tiempo créditos con tasas de interés superiores al 7%. Incluso parte de estos recursos fue depositada en el Barclays Capital Inc., entidad que financió la estadía del coronel en los EEUU, desde donde amenazó con la reconquista del poder, luego que abandonara su exilio en Río de Janeiro, a donde había llegado luego de su salida atropellada de la Presidencia.

Eso no fue todo. Aquel 20% establecido en la ley para situaciones de emergencia, tan defendido en el discurso de la prudencia desplegado por los defensores de la ortodoxia conservadora, fue esquilmado durante el gobierno del coronel. Contraviniendo la ley, el coronel dispuso de esos recursos a través de simples decretos ejecutivos: por ejemplo, el Nº 1292, del 18 de mayo, y el Nº 1980, del 31 de agosto del 2004.

A lo anterior habría que incorporar el efecto de una serie de restricciones fiscales. Con respecto a los gastos, en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que dio lugar al FEIREP, expedida un año antes de que inicie su gestión el coronel, entre otras cosas, se estableció que el gasto fiscal real no puede incrementarse sobre el 3,5% anual más el deflactor del PIB. Cualquier excedente fiscal que se registraba fluía automáticamente al FEIREP. De esta manera, sin importar incluso ingresos extras que pudiera obtener el Estado -por ejemplo una donación externa-, la ley establecía que no se puede aumentar el gasto público más allá del límite establecido. Nótese que esto le ponía un freno automático a la inversión social. Si se habría seguido indefinidamente con este “esquema económico exitoso” (José Samaniego, banquero y editorialista), recién en 47 años -casi medio siglo- el Ecuador -según un estudio de UNICEF- habría alcanzado el nivel de inversión social per cápita promedio de América Latina: 540 dólares, frente a los 130 dólares de la actualidad. Esa era la realidad de la política del coronel y de los otros gobernantes neoliberales.

La prudencia ortodoxa apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la sociedad disponga de reservas en los años críticos, sino para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha beneficiado nunca el país, por más que se reitere lo contrario.

En consonancia con la política autoritaria derivada de un manejo económico concentrador y excluyente, se multiplicaron las violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos. La mezcla de autoritarismo y engaño casi permanente resultó indignante. Frustrante también resultó el servilismo del coronel con Washington, al involucrar cada vez más al Ecuador en el Plan Colombia y alentar ingenua y entusiastamente la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Igualmente sacudió a la sociedad, la sumisión del coronel con todos los grupos oligárquicos, a los que sirvió en forma secuencial, pero obsecuente, a pesar de que a momentos confundía a la opinión pública con sus prácticas clientelares y su discurso antioligárquico…

La sumatoria de todos estos factores condujo al derrocamiento del coronel el 20 de abril del año 2005.-