Milton Castillo Maldonado: Los delitos de Uribe contra el Ecuador

marzo 5, 2009

SEÑOR PRESIDENTE, ESTAMOS A LAS ÓRDENES DE NUESTRA PATRIA PARA ENJUICIARLOS:

Los delitos de Uribe contra el Ecuador

REANUDAR RELACIONES CON COLOMBIA NOS CONVIERTE EN CÓMPLICES DE UN SISTEMÁTICO TERRORISMO ESTATAL

“En los últimos 60 años de lucha a favor de los Derechos Humanos nos hemos centrado tanto en los delitos cometidos por los terroristas comunes cuanto por el terrorismo de Estado”

Baltazar Garzón, Salamanca – España, enero 2009.

RESUMEN:

ALVARO URIBE PRESIDENTE, JUAN MANUEL SANTOS MIN. DEFENSA, MARIO IGUARAN ARANA, FISCAL GENERAL DE COLOMBIA, RONALD K. NOBLE PRESIDENTE DE INTERPOL Y EL EX JEFE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FFAA COLOMBIANAS PUEDEN SER ENJUICIADOS AL INTERIOR DE COLOMBIA Y ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL POR LOS DELITOS DE TRAICION DIPLOMÁTICA, FRAUDE PROCESAL, DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA POR PARTE DEL ESTADO Y DEL PUEBLO ECUATORIANO. SOLO ES CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA

miltoncastilloVemos en los medios de prensa desfilar analista tras analista, ya sean nacionales o extranjeros, todos ellos expertos y prudentes, especulando de manera “ponderada”, alrededor del ataque colombiano al Ecuador, y todos caen, sin excepción en ese inmenso laberinto que Uribe ha urdido inteligentemente (con inteligencia norteamericana también), dentro de nuestro amado país, atando y volviendo sinónimos al fenómeno terrorista y el narcotráfico con una posición política de izquierda, propia de los gobiernos emergentes de A. Latina[1]. En el fondo lo único que existe en la conducta del Gobierno Colombiano son intereses económicos que excitan al ánimo de poder: EL PODER A TODA COSTA.

Demostraré con la presente, que ninguno de los analistas que he escuchado –incluidos algunos afines al Gobierno Nacional- han tenido la sensatez ni académica ni histórica suficiente para privilegiar los hechos y consecuencias jurídicas ineludibles del bombardeo colombiano a tierra ecuatoriana y seres humanos, por sobre la coyuntura de hechos minúsculos, políticos, acomodaticios, que en ningún caso están por sobre lo que la humanidad entera ha privilegiado durante los últimos 60 años dentro de los denominados “Estados democráticos de Derecho”.

Se evidenciará del presente trabajo que las Declaraciones hechas a inicios de este mes por parte del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, confirman los delitos de Uribe y terminan de viabilizar el camino hacia la Corte Penal Internacional en contra de ellos.

LOS DELITOS INTERNACIONALES

La Constitución Colombiana dice:


ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.

ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.


Como si estas normas no fueren suficientes para entender el espíritu del noble Pueblo colombiano[i], – que en muchos estamentos apoyaría una o varias acciones legales ecuatorianas- pero que lamentablemente es pisoteado por la violencia y la muerte que inspiran y mueven a su católico Presidente, existe esta otra norma Constitucional que evidencia el permanente ánimo de Paz y Conciliación que exige lo más profundo de su sociedad:


ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. …..

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

3. …..

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

5. …..

  1. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;


Las normas constitucionales y legales colombianas traen un marco jurídico propicio para quitar el velo de inmoralidad tejido por el Presidente Uribe y sus “players”. Por ello vale hacer un breve análisis, mencionando en primer lugar que dentro del expediente de Sucumbíos, (aquel que llevaba el difunto Fiscal Gonzabay) constan las autopsias de los “eliminados” la noche y madrugada del 1 de marzo donde consta que fueron “matados chimbamente” (palabra dicha por el oficial colombiano en el video tantas veces repetido en la TV ecuatoriana), es decir, por la espalda o con tiro de gracia para “rematar”. Nótese que murieron en la noche, en despoblado de país amigo que no está en guerra, mientras dormían, por una orden del Presidente Uribe a través del Ministro Santos y su política de “seguridad democrática” y de “legìtima defensa”, que en su esencia repugnan todo tipo de norma jurídica internacional, al igual que el justificativo que tuvo George Bush para atacar Irak por las supuestas “armas de destrucción masiva” basado en falsos informes del FBI y CIA[ii].

Dentro del Derecho Internacional Humanitario, es decir, las normas que se aplican para la Guerra[iii] (Tratados de Ginebra de 1947), específicamente en su Protocolo I se afirma que el derecho de los conflictos armados exige de los combatientes un mínimo de lealtad; el texto es el siguiente:

“Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos (PI, 37). Se prohíbe hacer uso indebido de los emblemas reconocidos (signo de la cruz y de la media luna roja, bandera blanca, signo de los bienes culturales, etc.) (PI, 38). Está prohibido hacer uso de los signos de nacionalidad de la Parte adversa y de los Estados que no sean Partes en el conflicto (PI, 39)”.

En concordancia con lo anterior, vale indicar lo que estable el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma de 1998)[iv], en las partes pertinentes:

ARTÍCULO 5°. CRÍMENES DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE


l. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad[2];

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

ARTÍCULO 7°. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

l. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

ARTÍCULO 8°. CRÍMENES DE GUERRA.

l. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:

i) El homicidio intencional;

iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;

xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

xii) Declarar que no se dará cuartel;

xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;

xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;

xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;

ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables;

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;

ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;

x) Declarar que no se dará cuartel;

xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo;

LOS DELITOS AL INTERIOR DE COLOMBIA VINCULADOS CON EL ATAQUE DE ANGOSTURA

Como si lo anterior no fuera suficiente, el Código Penal Colombiano sanciona las siguientes conductas:


“ARTICULO 453. FRAUDE PROCESAL. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

ARTICULO 457. TRAICION DIPLOMATICA. El que encargado por el Gobierno Colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro país o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años.

Si se produjere el perjuicio, la pena se aumentará hasta en una tercera parte”.

Existe fraude procesal y traición diplomática (amén de otros delitos que no van a ser analizados ahora) que pueden ser perseguibles en Colombia “por cualquier persona” por lo siguiente: violación flagrante a la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL suscrita por el Ecuador (firma 10-15-92; ratificación/adhesión 12-26-2001; depósito 03-08-2002 RA), y de la cual Colombia hace parte (ratificación/adhesión 12-04-2002; depósito 01-13-2003 RA).” y el “Manual para el intercambio de pruebas con el exterior” vigente aquel tanto para Ecuador como para Colombia y este último en Colombia, los cuales obligan a que todos los indicios o elementos de prueba que se recojan en los países que tengan delincuencia de otro (país), serán hechos por la fiscalía del lugar en donde se encuentran tales elementos o indicios (cadena de custodia), lo cual significa que las famosas “computadoras de reyes” tenían que estar en manos de la fiscalía ecuatoriana y posteriormente ser solicitadas por vía diplomática por Colombia. Al haberse llevado las computadoras de alias “Raúl Reyes” para Colombia –por el ejército y policía de ese país- sin los mecanismos que la legislación local e internacional obligan, el Fiscal Ecuatoriano debió hacer un incidente diplomático, a través de la cancillería sobre el tema.

Existe “fraude procesal” esencialmente por dos motivos: 1. Las computadoras de Reyes “no existen” desde el punto de vista jurídico, precisamente porque se prescindió dolosamente de la “cadena de custodia” y las “copias” de los famosos “discos duros” no pueden ser prueba pues, sobre los discos duros como tal existen peritajes ecuatorianos (dentro del expediente en Sucumbíos) que dicen que no se tuvieron acceso directo a los mismos y que sobre las copias (que por si no son prueba alguna) se evidencia manipulación entre el 1 al 3 de marzo del 2008. 2. El informe de la INTERPOL sobre los discos duros está lleno de falsedades y de violaciones procesales por parte de Ronald K. Noble Presidente de esta institución, quien también se ha prestado para el fraude procesal. El artículo 1 (2) del ‘Reglamento relativo a la Cooperación Policial Internacional y al Control Interno de los Ficheros de Interpol’ (vínculo) se refiere expresamente al respeto de los derechos humanos en el tratamiento de la información policial. Este artículo declara que la finalidad del Reglamento reside en “proteger contra cualquier abuso las informaciones de policía tratadas y comunicadas en el seno del sistema de cooperación policial internacional establecido por la OIPC-INTERPOL, con vistas sobre todo a prevenir cualquier atentado contra los derechos de las personas”. Las computadoras de “Reyes”, insisto, al no existir jurídicamente, de todas maneras se han usado para atentar contra los derechos a la honra, la intimidad y el buen nombre de todas las personas que son nombradas cada vez que le conviene a Colombia.

Y el Fiscal General del Estado ecuatoriano frente a estas evidentes violaciones de sus propias competencias y la grosera influencia de la Policía y Fiscalía Colombiana así como de la Interpol contra el Ecuador.….. bien gracias.

El papel del Dr. Pesantez será motivo de otro análisis, baste por ahora una visión que explica a breves rasgos que a despecho de la oligarquía Colombiana que siempre ha pensado que somos tontos, y que militarmente no somos nada, jurídicamente somos soberanos y un Pueblo de Paz y respetable.

Señor Presidente, nuestro concurso profesional y el apoyo de la gente, está a las órdenes del Estado ecuatoriano, podemos enjuiciar dentro de Colombia al Ministro de Defensa Colombiano así como al Fiscal de ese país así como también ante la Corte Penal Internacional al Presidente Uribe y todos los asesinos que conforman una gran banda de terroristas de Estado.

Saludos cordiales,

Dr. Milton Castillo Maldonado


[1] Cierto es además que la “Revolución” hoy por hoy no puede ser patrimonio de unos cuantos mediocres que sólo se aman a sí mismos, incapaces de proponer nada contra la profunda desigualdad social en la que vivimos..

[2] Nótese que el actual Gobierno colombiano, con su política de violencia y guerra ha generado una gran movilización de sus nacionales hacia Ecuador, presionando o exterminando a campesinos considerados como “guerrilleros” que viven en la frontera .


[i] Partimos del supuesto que una constitución recoge los más profundos valores e ideales de cada sociedad, que no siempre son respetados por los Gobiernos de turno.

[ii] La semejanza política de la estrategia Bush con lo que sucede en el caso Angostura por parte de Colombia es sorprendente e indignante.

[iii] El Ministro de Defensa Colombiano así como el Presidente de ese país han invocado la “legítima defensa” como justificativo del ataque, lo cual significa que reconocen expresamente que están en guerra y por tanto se aplica las normas de la guerra.

[iv] Del cual Colombia es suscriptor, y sobre el cual amerita hacer un análisis jurídico más extenso sobre su vigencia en ese país, pero que en definitiva está expedita su aplicación.


Sobre la crisis Global, Última parte. Alberto Acosta: Hacia un nuevo sistema financiero internacional. Propuestas desde la utopía

febrero 25, 2009

“Sean realistas, pidan lo imposible”, Graffiti en Paris, mayo de 1968.

De la gran discusión mediática a una propuesta política global

Alberto AcostaAún en el supuesto de que lo peor de la actual crisis fuera superado en poco tiempo, bien vale la pena imaginar otro mundo para terminar de cambiar éste. Es hora de construir una propuesta de sistema financiero que no simplemente viabilice un funcionamiento más racional del sistema capitalista, sino, en última instancia, que contribuya a su sustitución por otro sistema civilizatorio.

El punto medular de esta propuesta radica en diseñar y aplicar una solución que tenga en mente un enfoque global, no parches. Para lograr la globalidad se debe incorporar a todas las categorías de actores. No es suficiente que intervengan los países más ricos, ni tampoco prioritariamente las instituciones financieras internacionales. El esfuerzo, por más complicado que aparezca, debería darse desde las Naciones Unidas, la única capaz de representar una soberanía internacional colectiva.

Por eso es indispensable contar con instituciones internacionales democráticas y comprometidas con el bienestar de todos los pueblos. Los países poderosos, lo demuestra la historia, intentarán velar por sus intereses a costa de los más débiles.

Por lo tanto la solución no pasa por hacer lo mismo que antes, aunque fuera con un comportamiento ético mejorado. Hay que pensar y hacer algo distinto. El sistema económico internacional debe estar dotado de redes de seguridad e información regionales para no tener que “disfrutar” de las crisis recurrentes. Para lograrlo se precisa un sistema de prevención de crisis y de minimización de los riesgos que éstas implican. Pero estas redes tienen que crearlas los países desde el ámbito regional, al menos mientras no existan las condiciones democráticas para impulsar una reinstitucionalización del mundo desde espacios globales.

Incluso sin el concurso de los actuales organismos internacionales, hay que trabajar en la construcción de organismos regionales, a partir de países vecinos que tienen mayores afinidades entre sí con el fin de que, asociándose entre ellos, puedan conseguir sus propósitos y regular sus relaciones financieras, comerciales, laborales, migratorias, ambientales, tecnológicas y por cierto políticas. A nivel internacional cada uno de estos espacios regionales tendrá que interrelacionarse en un sistema de nodos, procurando minimizar el peso de una instancia única mundial. El resultado sería provocar una fragmentación del poder mundial concentrado.

Hay que crear las condiciones para que los gobiernos de todos los países, con el concurso de su propia sociedad civil, sean sujetos en la construcción de un nuevo sistema financiero internacional. No debe quedar ningún actor fuera del proceso. Los organismos multilaterales, repensados íntegramente, deberán cumplir la tarea que les asigne la comunidad internacional, pero a partir de estructuras de organización regional. La lógica política debe primar sobre las demandas del mercado.

Hacia la constitución de un Código Financiero Internacional

El mundo requiere un Código Financiero Internacional acordado por todos y al que se acojan todos los actores sin excepciones; una tarea que podría empezar desde espacios regionales. Su concepción debe basarse en los derechos humanos económicos, sociales y ambientales. Además, deben establecerse condiciones positivas para frenar o al menos aminorar los impactos negativos que se desprenden de la evolución cíclica del sistema capitalista.

No es aceptable, dentro del derecho internacional, que, por ejemplo, los diversos instrumentos financieros sirvan como herramientas de presión política para que un Estado grande o una instancia controlada por pocos Estados poderosos, impongan condiciones (con frecuencia insostenibles) a un país más débil.

La piedra angular de esta propuesta global radica en la construcción de un Código Financiero Internacional (o códigos regionales inicialmente). Este, a su vez, debe garantizar que la neutralidad no sea del territorio en referencia de un país determinado, por más influyente y neutral que fuese, ni dónde se establece el tribunal, sino del código jurídico. Los códigos jurídicos existentes hasta la fecha corresponden a la territorialidad de los acreedores por el tema de la ejecución de garantías, por ejemplo. Esta neutralidad del código debe asegurar la protección de todos los actores.

Hacia un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana

Se precisa lo antes posible la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, en los términos propuestos por Oscar Ugarteche y el autor de estas líneas.

Un requisito mínimo para ponerlo en marcha es la inmediata disolución del Club de París, como marco de negociación. Este club no sólo que carece de base jurídica, sino que debe dejar de ser un espacio de decisión sobre acuerdos de reestructuración de deudas, en donde los acreedores imponen condiciones a los deudores.

Uno de los capítulos medulares del Código será el de la legalidad y la legitimidad de las actividades financieras. Es preciso separar las deudas adquiridas legal y legítimamente, que pueden ser pagadas, de aquellas que pueden y deben ser impugnadas a partir de la doctrina de las deudas odiosas, usurarias y corruptas. Tampoco puede marginarse el procesamiento de la deuda ecológica e incluso de la deuda histórica, donde los países pobres son los acreedores.

En esto son necesarias cláusulas de contingencia en los actuales instrumentos rígidos de créditos, así como cláusulas de acción colectiva. Hay que cerrar definitivamente la puerta a los especuladores. Por otro lado, cualquier arreglo no debe afectar las inversiones sociales y la capacidad de recuperación del aparato productivo.

Hacia un Banco Central Mundial

En esta línea de reflexiones parece cada vez necesaria la creación de un Banco Central Mundial (que no tiene nada que ver con el Banco Mundial o el FMI), para que ayude incluso a normar la emisión de una moneda o de una canasta de monedas globales (lo que tampoco implica reconstruir Bretton Woods).

Por cierto que serán necesarias medidas en el ámbito nacional y sobre todo regional. Se deberá reformar el sistema bancario y del mercado bursátil; los bancos deben ser bancos y nada más que bancos, y no deberían intervenir en actividades bursátiles.

A nivel regional, desde donde se debería disputar el sentido histórico de los cambios globales, las propuestas afloran con creciente intensidad. En América Latina, de la conformación del Banco del Sur y un fondo de estabilización del Sur, se ha pasado a pensar en un Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), que facilite los flujos comerciales regionales. Esta iniciativa podría ser la antesala de un sistema monetario y financiero regional, con su propio código. En Asia, una iniciativa japonesa -Chiang Mai- propuso acuerdos bilaterales para asegurar la cooperación financiera en apoyo a las balanzas de pagos de los países miembros; también planteó crear un fondo monetario asiático, que incluiría una unidad monetaria regional para viabilizar el comercio intraregional y una cámara de compensación que asegurara el intercambio de las monedas de los Estados asociados. La experiencia de la Unión Europea también ofrece una multiplicidad de lecciones para la construcción de espacios regionales sobre los que debería sustentarse el nuevo sistema financiero mundial.

La pretensión de sobreproteger a las inversiones extranjeras resulta también inadmisible en la medida que frena las posibilidades de desarrollo autónomo de los países empobrecidos por las propias relaciones financieras internacionales. En el marco de este Código también hay que desarrollar mecanismos de control de los flujos de capital a nivel internacional, como podrían ser la introducción largamente esperada del Impuesto Tobin. El impuesto Daly a la extracción de petróleo crudo merece ser considerado por igual. Con los recursos que se obtengan se establecería un Fondo para la redistribución y transferencias, pero también para prevenir cualquier tipo de ataque especulativo en los países más vulnerables.

Desde otra vertiente, es cada vez más urgente la desaparición de todos los paraísos fiscales, en donde se concentran muchas veces los capitales golondrina y los recursos mal habidos. Y en la misma senda habrá que resolver los retos del narcotráfico, reconocida fuente de acumulación de capitales especulativos.

Un corolario de esto es que el derecho penal internacional debe de incorporar cláusulas de penalización a la corrupción de carácter internacional con castigos severos para todas las partes involucradas. Estableciendo, además, mecanismos de compensación para aquellos actores que han sido dolosamente perjudicados o estafados.

Hacia un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional

Se precisa un nuevo sistema que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad y sustentabilidad. Las finanzas deben estar al servicio del aparato productivo, de un comercio mundial justo y sustentable, así como de las demandas sociales de los pueblos de la tierra. Es necesario establecer límites a la generación de riqueza financiera, sobre todo especulativa.

Para lograrlo, los organismos rectores del sistema financiero deben volver a sus orígenes en tanto instituciones especializadas de Naciones Unidas. Dicha transformación es urgente. El FMI y el Banco Mundial han fracasado en tanto han funcionado como simples mandatarios de las grandes potencias y del gran capital. Parte del problema radica en la ausencia de controles democráticos sobre los organismos multilaterales.

Estos organismos internacionales, con nuevos y precisos marcos de acción, deben rendirle cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Espacios de control regional también deberán ser adecuadamente estructurados. Incluso deben crearse mecanismos internacionales e instancias de sanción a los organismos internacionales y sus funcionarios.

En complemento a los cambios que requiere el sistema financiero, habrá también que normar el mercado laboral así como las disparidades comerciales (repensando íntegramente la Organización Mundial de Comercio). Por igual hace cada vez más falta una suerte de superintendencia ambiental mundial y el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional, para perseguir y sancionar todo tipo de delitos internacionales, incluyendo los económicos. Finalmente, recordemos que el objeto de la economía es el bienestar de la población y el de la justicia, asegurar que esto ocurra.

A. Acosta es economista ecuatoriano; docente e investigador de FLACSO-Ecuador. Ha sido presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y ministro de Energía y Minas