Raúl F. Proaño: A propósito del Regimen de Transición y la nueva Ley Electoral

raulEl partido de gobierno, la mayoría oficialista y consultores extranjeros legislan de manera contradictoria e irresponsable respecto de sistemas electorales, gastos de campaña, propaganda y organización política. Las leyes recientemente aprobadas son en extremo defectuosas e incompletas, arrasan con los movimientos políticos emergentes, autónomos e ilusamente democráticos.

El Ecuador tiene dos cuerpos legales que supuestamente regirán en el futuro y ninguna seguridad jurídica en el presente, pues el Consejo Electoral tiene atribuciones para cambiar cada semana las reglas de campaña y así procede, ejemplo: los cambios de fecha de inscripción de listas y elección de parlamentarios andinos y juntas parroquiales, que provoca la desarticulación de los nuevos actores, potencialmente de oposición.

El Régimen de Transición contiene una fórmula de adjudicación de escaños denominada Webster y la nueva Ley Electoral contiene otra llamada D’ Hont, que causan efectos políticos distintos y desconocidos para la mayoría de candidatos que van alegremente al matadero, convocado para el próximo 26 de abril. La fórmula Wesbter causa mayor concentración de poder que la D’ Hont y ambas son inconstitucionales. En abril próximo se intenta consolidar al partido único y en el futuro abrir el espacio a nuevos partidos políticos, inexpertos o reconstituidos con los despojos del pasado. Hay más cargos de elección popular pero menos posibilidades reales de participación ciudadana en la elaboración de políticas de Estado.

Para colmo, los influjos de ciertos consultores y veedores extranjeros se escapa del conocimiento y control de la ciudadanía organizada.

Si las asambleas ciudadanas de Quito y sus alrededores se hicieran respetar durante la presente campaña electoral, reivindicarían para si el veto solicitado y conseguido respecto de la Ley Electoral, y exigiríamos que el nuevo Código de la Democracia sea tratado íntegramente por la próxima Asamblea Nacional.

Si la ciudadanía organizada desafiara a los enclenques partidos y a dueños de listas de candidatos, su voz y propuestas estuvieran en primera plana de los grandes medios. Si estos hicieran periodismo investigativo no promoverían a figuras decadentes ni permitirían que estas se apropien indebidamente de iniciativas ciudadanas. Si los grandes electores no dependieran de asesores y veedores extranjeros, quedaría en claro que la Veeduría Tri URBAS solicitó expresamente al Presidente de la República que vete el proyecto aprobado por el Congresillo; si los políticos que acaparan hoy las franjas publicitarias fueran honestos, se unirían para depurar la Carta Política y respetar el derecho parlamentario mediante una nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa y la creación del CONSEJO CIUDADANO DE LA LEGISLATURA con capacidad para incidir en la agenda de la Asamblea Nacional.

Finalmente, invito a completar las piezas del debate de la Ley Electoral escribiendo a capitulo-gentil-quito@googlegroups.com

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