Guillermo Navarro Jiménez: Tarifas Planas

El editorial del Diario El Universo del día martes 2 de junio del 2009, trae a nuestra memoria la profundidad de las reflexiones que se exhibieron en la Asamblea Nacional Constituyente sobre temas relacionados con el contenido del editorial, el cual, en momentos en que la pasión política desborda la razón, resulta refrescante por mirar al futuro de la Nación en su conjunto.

El editorial en mención si bien se refiere explícitamente al acceso Internet, limitado por el alto costo, en forma implícita trata de la creación de las mejores condiciones para posibilitar la integración del mayor número posible de ecuatorianos a lo que se denomina sociedad de la información, como de infiere de la referencia a los cambios tecnológicos.

El editorial por lo expresado coincide con la demanda establecida en el Artículo 17, segundo inciso de la Constitución vigente que dispone que el Estado: “Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada”. Coincidencia que es buen ejemplo para que todos los medios de información cumplan con su obligación de apoyar a la creación de una opinión pública que contribuya al cumplimiento de esa disposición.

La profundidad de la reflexión de la Asamblea Constituyente, a nuestro criterio, se demuestra en este caso, en que antes de definir el articulado, trató sobre los mecanismos que pueden contribuir al cumplimiento del rol asignado al Estado, entre los cuales vale citar las tarifas planas. Tipo de tarifas que, por extraño que parezca, está relacionado con el articulado referente a las empresas públicas, a las que se adjudica un carácter social por el destino del excedente, lo que les aleja tanto de la visión socialdemócrata que limitó el destino del excedente a la empresa, como de la visión utilitarista.

Así planteado el problema, la implantación de tarifas planas se viabiliza, ya que éstas tiene dos características básicas: el establecer un precio menor, no determinado por el tiempo de conexión y el tipo de servicio. ¿Cómo ello es posible?

Los servicios privados de Internet, exceptuando los satelitales y los que tiene redes de cables propias, arriendan los cables telefónicos de la Corporación de Telecomunicaciones, lo que encarece el servicio. Ante ello, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene la posibilidad cierta de reducir sus tarifas, sobre la base del valor pagado por los arrendatarios de los cables. Pero no sólo por esta razón es posible reducir las tarifas, existe otro elemento: el servicio de Internet que ofrecen las empresas públicas lo hacen a través de los cables telefónicos o de los eléctricos. Cables cuyo uso es pagado cuando se abonan las tarifas telefónicas o eléctricas. Efectivamente, lo único que hacen los servicios públicos de Internet es dividir el uso del cable en dos partes: voz y datos en el de las telefónicas, y datos y energía en el de la eléctrica.

A lo expresado debe agregarse que no siendo más la optimización de las utilidades el objetivo primero y último de las empresas públicas y que el excedente, luego de efectuarse las inversiones y reinversiones, deben transferirse al Presupuesto General del Estado como lo establece el artículo 315, tercer inciso de la Constitución vigente, es posible estimar el valor remanente de los excedentes y, en lugar de transferirlo al Presupuesto del Estado para que éste a su vez lo redistribuya, trasladarlo directamente a la ciudadanía a través de una menor tarifa de internet.

Las reducciones antes planteadas, no tienen por qué afectar al desarrollo de la empresa como seguramente algunos objetarán, puesto que el artículo 315 señala que la transferencia de los excedentes al Presupuesto General del Estado se realizará luego de las inversiones y reinversiones necesarias para su desarrollo.

En consecuencia, sin afectar al desarrollo de las empresas públicas, ni tampoco a su capacidad operativa, es posible establecer tarifas planas, a precios inferiores. Experiencia que, por otra parte se ha implementado ya en muchos países, en algunos de los cuales incluso se han establecido tarifas cero generales. En el país, empresas públicas como ETAPA de Cuenca, si bien en forma limitada, ha adoptado el sistema de tarifas cero, sin que se produzca la quiebra que ágilmente exhibirán quienes anteponen intereses privados al el progreso de la Nación en su conjunto.

Guillermo Navarro Jiménez: Los poderes fácticos

El señor Martín Pallares, editor de la sección política del Diario El Comercio, en su artículo publicado el 31 de mayo del 2009 bajo el título: “Las cuentas del imperio”, se refiere a los poderes fácticos, en sus palabras, como un nombre zoquete utilizado por el Presidente Correa cuando se refiere a la prensa “corrupta, sesgada y entregada”. Sus expresiones van mucho más allá, cuando reclama que se proporcione al Presidente de la República un diccionario, seguramente para que se entere que el uso de ese concepto respecto a los medios de información, en este caso la prensa escrita, es equivocado. Apreciaciones que merecen algunas observaciones.

Hemos de comenzar señalando que del texto del señor Pallares no es evidente si lo que pretende es decir que el concepto no existe, (cuando reclama se provea de un diccionario al Presidente); o que existe pero cree que no es aplicable a los medios de información; o que si existe, lo conoce y en consecuencia lo oculta. Ante ello analicemos estas posibilidades.

Si el señor Pallares asume que fáctico significa “Perteneciente o relativo a hechos” o “fundamentado en hechos o limitado a ellos en oposición a teórico o imaginario”, como lo establece el diccionario de la Real Academia Española, y considera que esas acepciones son extensibles y consecuentemente aplicables al concepto poder fáctico aparentemente tendría razón, ello bajo el supuesto no consentido de que éstas sean acepciones aplicables a ese concepto. No consentimiento que se sustenta en un hecho innegable. Si se revisa la acepción que el mismo diccionario atribuye a poder fáctico, se constata que se entiende como: “El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; p. ej., la banca, la Iglesia, la prensa”, definición que pone en evidencia que el concepto esta registrado por el diccionario y, que no sólo lo registra, sino que entre los poderes fácticos cita, incluye a la prensa, como lo ejemplifica la Real Academia Española de la Lengua. Por lo dicho, todo apunta a señalar que el señor Pallares sólo conoce las acepciones de fáctico y desconoce el correspondiente a poder fáctico, por lo que considera que no procede su uso y peor su aplicación en el caso de la prensa. Siendo ello así lo prudente sería satisfacer el pedido del señor Pallares cambiando, por cierto, de destinatario, puesto que quien requeriría el diccionario sería el señor Pallares.

La segunda alternativa es que el señor Pallares si conozca la acepción del concepto poder fáctico. En este caso lo estaría escamoteando en claro esfuerzo por manipular la opinión pública, lo que justificaría los calificativos de “corrupta y sesgada” que, según el señor Pallares, el Presidente de la República adjudica a los medios de información. Calificativos a los que agregaría el de anti éticos, por dos razones: por tratar sobre un tema que desconocen si la primera alternativa es la cierta; o por ocultar parte de la realidad a la que hacen referencia, si la segunda alternativa es la que procede.

Guillermo Navarro Jiménez: De lealtades y … lealtades

La lealtad tiene siempre dos facetas, mucho más cuando se relaciona con el ejercicio político o el poder. Una real y otra aparente. Lastima que la segunda es, casi siempre, valorada incluso en detrimento de la primera.

En el caso de los partidos y movimientos políticos, la lealtad mal entendida, presupone que los que están dentro son, siempre y sin lugar a duda alguna, mejores que los que están fuera. No importa si se compara a un malandrín con un hombre probo. Nada cuenta. Lo importante es el ejercicio de un espíritu de cuerpo mal entendido.

En el ejercicio del poder político, la lealtad disfrazada de los áulicos, de los lambiscones, de los aduladores, siempre conforman una parte, habitualmente numerosa, del entorno del gobernante de turno. Son aquellos a quienes prestan, incluso especial atención, los mandatarios que se obnubilan con el poder, Esos subseres, son siempre bienvenidos, puesto que son los portadores de aparentes buenas nuevas. Los que ocultan todas las deficiencias y errores. Los que nos hacen sentir omnipotentes, omniscientes. Perfectos.

Esos áulicos, oportunistas de ocasión, cuando no son entendidos en su verdadera dimensión y función, cuando no son desechados como escoria del todo bien, quien sabe quien puede salvar a los gobernantes del envanecimiento, de la insidia, de las descalificaciones sin base sustantiva, de posiciones extremas, del equivocar caminos y rutas. Incluso, del no saber reconocer y justiapreciar las lealtades verdaderas.

Y es que las lealtades verdaderas duelen, puesto que conllevan reconocer errores, sabernos falibles, concientes de nuestras propias limitaciones y de las limitaciones de los que nos rodean. Conlleva reconocer que no somos iluminados, que nos somos siempre los más …… Exige desprenderse del adulo, del ensalzamiento.

Y es que las lealtades verdaderas duelen, por su contenido crítico. Por que inicialmente saben a una suerte de traición, ya que provienen de quienes nunca se espera nos bajen del pedestal de nuestra propia vanidad.

Últimos eventos del entorno del Presidente Correa, demuestran la cara de la lealtad real y la máscara de la aparente. El Ministro de Deporte y sus congéneres, eran el perfecto ejemplo de la segunda. Sus constantes lisonjas como sus declaraciones de una amistad a ultranza con el primer mandatario, sólo eran parte del escenario tras del cual ocultaban sus oscuras ambiciones. Su falsa lealtad.

José Luis Cortazar, demuestra la lealtad real cuando denuncia, documentadamente como corresponde, el enriquecimiento ilícito que se ha producido en el Ministerio de Deportes. Y es que lo hace en conocimiento de la relación de cercana amistad que proclamaba el ex Ministro con el Presidente de la República. Lo hace públicamente jugándose por su amigo Presidente. Acción que debe reconocerse.

Carolina Chang, Ministra de Salud, conjuga la lealtad verdadera desde otra perspectiva. Con concursos transparentes y públicos, pero sobretodo, destrozando los falsos argumentos de Leonardo Viteri, asambleísta social cristiano, quien compara proformas sobre bienes diferentes, de distintas especificaciones, en acción descalificada para tratar de manipular, de engañar a la opinión pública.

Pero no todo está dicho: la lealtad aparente continuará su juego. Igualmente lo hará la verdadera. La participación ciudadana en el ejercicio de gobierno permitirá descubrir y denunciar a la primera y ensalzar la segunda. La historia nos dirá si los ciudadanos de a pie, fuimos capaces de empoderarnos también de este espacio.

Guillermo Navarro Jiménez:(Expropiación de tierras) Por la vía constitucional hacia el cambio

“El futuro no es lo que ocurrirá mañana, el futuro es lo que nosotros seamos capaces de construir hoy”.

Gaston Bachelard

En varias oportunidades hemos citado que la transformación, el cambio social es posible, si se dispone de una Constitución que lo permita y se goza del apoyo de la mayoría de la Nación. El Ecuador de hoy cumple con las dos premisas. Sólo reclama iniciar la aplicación de las normas constitucionales que apuntan al cambio. El Presidente Rafael Correa, anuncia el inicio de esa tarea, hoy en relación a la propiedad de la tierra.

En su rendición de cuentas del sábado 28 de noviembre, el Presidente Correa afirmó que su gobierno expropiará las tierras improductivas de quienes las mantienen incultas para ganar plusvalía, incluso aprovechándose de las economías externas producidas por las enormes inversiones del Estado.

Aseveró que para terminar con esas prácticas rentistas, que mantienen incultas las tierras de la península de Santa Elena, se les otorgará un año para que reviertan su posición. Caso contrario serán expropiadas, sobre la base de lo estipulado en los artículos 66 numeral 26 y 321 de la Constitución vigente.

Para mejor entender el pronunciamiento presidencial y su trascendencia, vale recordar que el Estado ecuatoriano ejecutó el proyecto hidroeléctrico Daule-Peripa, cuya construcción se inició en 1984 y culminó en 1999, a un costo que bordeó los 300 millones de dólares. Este proyecto hidroeléctrico es parte del “Proyecto de Propósitos Múltiples, Jaime Roldós” que incluye el trasvase de las aguas represadas del río Daule, hacia la península de Santa Elena, para regar un estimado de 170.000 hectáreas.

Inmediatamente luego de finalizado el proyecto hidroeléctrico (1999), la oligarquía guayaquileña ágilmente obtuvo, el 19 de enero del 2000, la concesión para operar y comercializar la energía producida por la central estimada en 600 millones de Kwh anuales, a través de Unión Fenosa cuya representación ostentaba Isidro Romero Carbo, entonces esposo de Isabel Noboa Pontón, hermana de Alvaro Noboa Pontón. Igualmente y en la perspectiva del trasvase, la oligarquía guayaquileña se apropió muy ágilmente de las tierras de la península de Santa Elena, a precios de huevo, dada la desertificación de la que habían sido objeto esas tierras, a las que han mantenido incultas en espera de la subida de su valor, como lo denunció el Presidente Correa.

Como muchos compatriotas podrían pensar que si las tierras son desérticas, no cabría la acusación del Presidente Correa, es necesario recordar que las tierras de Santa Elena -como lo demuestra Hamerly en su obra: “Historia Social y Económica de la Antigua Provincia de Guayaquil”-, fueron el granero de Guayaquil. En otros términos, son tierras fértiles en barbecho, a la cual solamente le hacía falta agua, como ya se demostró años a cuando colapsó la presa Azúcar, o como se aprecia actualmente en las tierras que desarrollan proyectos agrícolas. En consecuencia, la denuncia presidencial procede, puesto que son tierras con un altísimo potencial productivo.

Ante esa realidad evidente, el planteamiento no sólo que procede, sino y lo que es más importante, inicia la ruta hacia la redistribución de los medios de producción, de la tierra, de la cual fueron excluidos la mayoría de campesinos de nuestro país. Por ello, nuestra aseveración inicial de que estas medidas apuntan al cambio, sobre la base del texto constitucional que lo permite, posibilita y obliga, no significa otra cosa que el reconocimiento del inicio de una ruta que, esperamos, se profundice en el futuro próximo.

Guillermo Navarro Jiménez: Ilegitimidad e ilegalidad

Cuando el Presidente Rafael Correa anunció que el gobierno nacional consideraría el no pago de parte de la deuda externa comercial, por ser ilegítima, tuvimos la casi certeza de que no le habían informado adecuada o suficientemente sobre el proceso que demanda la ilegitimidad antes de poder optar por el no pago de la deuda externa, por más ilegítima que ésta fuese. La certeza de nuestra apreciación, que condujo al Presidente de la República a un equívoco, se ha visto confirmada pocos días luego, cuando los miembros de la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública han debido reconocer que no basta la ilegitimidad.

Nuestra presunción, valga decirlo, no estaba sustentada en elementos puramente subjetivos, en las corazonadas a las cuales frecuentemente alude la sabiduría popular. Emergía del recuerdo de un gran debate que al respecto se mantuvo en la Asamblea Constituyente, específicamente en la Mesa 7, producto del cual se dio parto al texto contenido en el artículo 290, numeral 3 que al respecto estipula que: “Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repetición”. Cita que con claridad irrefutable señala el camino a seguir, sobre el cual debía la Comisión informar meridianamente al Presidente de la República.

En primer lugar, deberían haberle comunicado que la ilegitimidad que habían detectado, no había sido aún declarada como tal por organismo competente, por lo que y en consecuencia, requería cumplirse con esta precondición, antes de cualquier pronunciamiento o acción.

En segundo lugar, deberían haberle indicado que el no pago de la deuda ilegítima, incluso en el caso de que hubiese sido así declarada por “organismo competente”, requería ser “declarada su ilegalidad”, para poder proceder a adoptar la medida que se considere adecuada.

En tercer lugar, hubiese sido ineludible informarle que sólo entonces se volvía viable el ejercicio del derecho de repetición contra todos quienes son responsables, administrativa y civilmente, por los daños acusados por la adquisición y mal manejo de la deuda pública.

En suma, antes de la entrega pública del Resumen Ejecutivo del Informe Final, deberían haber informado al Presidente de la República, que las conclusiones a las que habían arribado aún debían ser completadas con otras acciones ineludibles, antes de surtir efecto sobre el no pago de la deuda externa comercial ilegítima. El no haber así actuado, como se infiere del proceso seguido, no ha sido beneficioso para el país, para la imagen del gobierno nacional e incluso para el Presidente Correa, quien seguramente actúo en consuno con la información recibida. Lección que no sólo debe ser aprendida por el Presidente, su gobierno y la Nación en su conjunto, sino también por todas las Comisiones Auditoras que en el futuro deban cumplir tareas similares.

Guillermo Navarro: Crisis: Oportunidad para profundizar el cambio

Crisis: Oportunidad para profundizar el cambio

Es en los momentos de crisis donde las Naciones y sus líderes demuestran su dimensión. Lo hacen, cuando no se limitan a lloriquear ante los efectos negativos, cuando son capaces de encontrar nuevas rutas. El Ecuador se encuentra en esa encrucijada, con una gran ventaja: dispone de un nuevo cuerpo constitucional que establece el como. Basta la decisión de construir la nueva estructura económica y social que impone. Basta alejarse de las medidas ortodoxas de política económica y social que sólo apuntan a consolidar el pasado que todos pretendemos ajeno. El liderazgo del Presidente Rafael Correa, nos guste o nos disguste, será definitorio del avance histórico o del retroceso. Del cambio o el asirse al pasado.

Pero el liderazgo no basta por sí solo. Será indispensable la concurrencia de todas las fuerzas sociales por el cambio, apuntando desviaciones, criticando errores, pero y fundamentalmente, desbrozando rutas, aportando ideas de cómo construir el gran edificio del cambio. Sólo la presencia proactiva del movimiento social por el cambio enrumbará el liderazgo. El liderazgo huérfano de base social puede ser neutralizado, esterilizado, como nos cuentan innumerables procesos históricos.

La indispensable conjunción entre el líder y los movimientos sociales por el cambio, implica, en la actual etapa histórica, abrir el entendimiento, escuchar humildemente a los otros, debatir con argumentos, reconocer el valor de los diferentes, abandonar calificativos innecesarios e incómodos, olvidar todos los omnis, pero también, abandonar la crítica como único instrumento identitario, el resabio de lo propio como el todo único o la nada, el creer que el pasado sólo podrá abandonarse cuando el Yo asuma el liderazgo. Solo esos renunciamientos, nos alejaran del pasado. El mantenerlos, sólo alegrará a quienes defienden el pasado. Los robustecerá como ya se avizora.

Es que el enemigo del cambio no toma respiro. Opera con todas las artimañas imaginables. Desde afuera y desde adentro. Presionan, ellos sí bañados en lágrimas, por la crisis y sus efectos magnificados, en procura de la intervención estatal que antes despreciaban. Presionan con sofismas como el de los banqueros que confunden intencionadamente montos de utilidades con utilidades cero, en procura que se los libere de obligaciones. Presionan para que el Estado no administre los fondos que garantizan los depósitos y el futuro de los ecuatorianos.

Desde adentro del movimiento por el cambio, la derecha disfrazada de izquierda, como certeramente lo definió Lenín al juzgar posiciones similares, desarrollan esfuerzos por llevarnos a la confrontación, a lo irreconciliable, a la división del movimiento por el cambio, que sólo beneficia al pasado, y a sus vanidades, obsesiones y traumas. Vanidades, obsesiones y traumas que se convierten en eficaces armas de la cooptación en procesos electorales como los que se avecinan, por parte de quienes utilizan esas irracionalidades para dominar a los débiles, para convertirlos en instrumentos de sus fuerzas para atentar luego contra el cambio.

En este emprendimiento por disolver el futuro, los grandes medios de información, también participan del doble juego de los enemigos del cambio. Hasta ayer, antes de la reunión del Presidente Correa con los empresarios, se constituyeron en furibundas barricadas, hoy, por el arte de magia de los ofrecimientos y dádivas sociales, casi pasan a la exaltación del enemigo de ayer. Pero esto es sólo apariencia que no debe confundirnos, ni empalagar al Presidente. El aceptar como válido esos caramelos que siempre acostumbra a lanzar el poder, conduce siempre a la derrota.

Si somos capaces de reconocernos en la diversidad, de respetarnos, de contribuir positivamente en la construcción del futuro sobre la base del nuevo texto constitucional por el cual nos pronunciamos el 64 por ciento de los ecuatorianos, seguro que seremos capaces de unificar fuerzas, de descubrir los juegos del poder de siempre, de enfrentarlo y de vencerlo.

Sólo así habremos convertido a la crisis en una oportunidad para el cambio.